El senador Carlos Fernando Galán en el Congreso de la República, manifestó  que la manipulación de los usos de suelo en Colombia es tan o más rentable que el narcotráfico.

Galán realizó la presentación de algunos casos de corrupción de los POT´s, señalando que  es una problemática que está ocurriendo en todo el país, habló sobre el fenómeno de volteo de tierras, que es el cobro ilegal que se le hace al propietario de la tierra,  para que su predio sea incorporado en una modificación del POT.

Según Galán, las autoridades tienen información de  denuncias en municipios como Mosquera, Funza, Facatativá y Chía, en Cundinamarca, entre otros.

Sobre Facatativá, dijo  que ante la Fiscalía declaró un testigo quien indica que un notario en nombre del ex alcalde de este municipio y electo congresista, Óscar Sánchez,  le cobró $320 millones por cambiar el uso de suelo de un predio, pasándolo de urbano a rural.

De otros municipios como Chía o Funza destacó la expedición ilegal de licencias de construcción. En el caso de Funza se han denunciado escándalos de corrupción que no han prosperado, en los que se ha visto involucrado  el actual gobernador de Cundinamarca Jorge Emilio Rey Ángel, quien fue alcalde de ese municipio.

Galán también habló sobre un estudio de la Universidad Nacional que muestra que los hijos del expresidente Álvaro Uribe Vélez,  no pagaron lo justo por la plusvalía de tierras que adquirieron en Mosquera, Cundinamarca.

Según el senador los hijos de Uribe pagaron una cifra muchísimo menor por concepto de plusvalía de un predio rural que luego fue modificado en el POT como un predio industrial, debían pagar más de $40.806 millones, pero apenas dieron $56 millones.

En cuanto a la CAR señaló que se cobran diferentes tarifas por trámites ilegales.

“La Ley prevé un término de 30 días para que se tome una decisión en la concertación con la CAR, sin embargo hay muchos casos donde este plazo se desborda radicalmente, Chía se demoró 10 meses, El Rosal 16 meses, Funza 33 meses, Cajicá 11 meses”, dice el senador.

Por otro lado, indicó que a el concejal de Mosquera Víctor Castellanos, quien fue intermediario para la compra de un predio por parte del entonces alcalde Álvaro Rincón, quien fue alcalde del 2008 al 2011, le pagaron $40 millones por la intermediación, lo cual muestra como los concejos municipales han sido permeados por la corrupción.

De Cota y La Calera señaló que no han recibido dinero por concepto de plusvalía, “la Calera ha otorgado 1903 licencias desde 2010, en Cota entre el 29 y 30 de diciembre de 2015, en dos días 110 licencias y ni un solo peso por cuenta de plusvalía”, asegura.

Por si fuera poco manifestó que el Departamento Nacional de Planeación, DNP, da una cifra escandalosa: el 97% de los municipios de Colombia no tiene un estudio de amenazas o de riesgo incluido en su POT.

Vea la denuncia completa:

https://www.youtube.com/watch?v=wTz8rdN7b94