La Superintendencia de Sociedades inició una actuación administrativa, tendente a someter al grado de supervisión denominado “control” a Aldea Proyectos S.A.S. y convocarla a un proceso de reorganización, con el propósito de conservar la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo.

Esta es la constructora encargada del polémico megaproyecto que el presidente Gustavo Petro pidió investigar hace unos meses, ubicado en la carrera Séptima con calle 100, en la zona de El Pedregal, en Bogotá.

En ese proyecto, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL) invirtió más de 577.000 millones de pesos, dineros que, según la Contraloría, no se podrían recuperar.

El control es el máximo grado de supervisión, de carácter subjetivo y societario, que ejerce la Superintendencia de Sociedades, para ordenar los correctivos necesarios para subsanar una situación crítica, y que permite convocar a la sociedad al trámite de un proceso de insolvencia, como medida preventiva, con el fin de preservar la empresa y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias.

El grado de supervisión denominado “control” no es una toma de posesión ni faculta a la Superintendencia de Sociedades para coadministrar la Sociedad, quien conserva su autonomía con las limitaciones y para los fines indicados en la ley, con plena garantía de sus derechos.

De otro lado, es pertinente informar a la opinión pública, que los asuntos de protección a los consumidores son de resorte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

En cuanto a los consumidores financieros de las entidades vigiladas por Superintendencia Financiera de Colombia, dentro de las cuales se encuentran las fiduciarias, podrán someter a conocimiento de esa autoridad, los asuntos contenciosos que se susciten entre ellos y dichas entidades.

El Superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez afirmó, “estamos comprometidos con la recuperación de las empresas que atraviesen dificultades económicas, con el fin de promover su salvamento y fortalecimiento a través de un acuerdo que permita regularizar sus relaciones crediticias y comerciales, salvaguardando así el empleo e impulsando la economía del país”.